La sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia de Aïn Sebaâ en Casablanca, que condena al profesor Rachid Cherkaoui a un año de prisión firme, ha provocado una amplia conmoción y una gran reacción en los círculos médicos, de derechos humanos y sindicales de Marruecos. La sorpresa no se limitó al fallo judicial, que también ordenó el pago de indemnizaciones civiles a favor de los demandantes —con el Grupo Sanitarios Territorial de Casablanca-Settat a la cabeza—, sino que se acrecentó cuando el tribunal decidió ordenar el ingreso en prisión del médico y su detención inmediata en la propia sala de audiencias, en aplicación de las disposiciones del artículo 392 del Código de Procedimiento Penal, a pesar de que había estado en libertad provisional durante todo el proceso y compareció ante la justicia con total cumplimiento.
El profesor Rachid Cherkaoui ocupa el cargo de profesor agregado en la Facultad de Medicina y Farmacia y es médico especialista en anestesia y reanimación en el Centro Hospitalario Universitario (CHU) Ibn Rochd. Se ganó en los círculos populares y médicos el apodo del «médico de los pobres» en reconocimiento a su compromiso humanitario y profesional. Las raíces de la persecución judicial, en la que se le imputaron cargos relacionados con difamación y usurpación de funciones, se remontan a su iniciativa de presentar denuncias e informes oficiales repetidos ante la fiscalía y las instituciones judiciales competentes, en los que expuso lo que consideraba sospechas de corrupción y deficiencias en la gestión y las finanzas del CHU Ibn Rochd. Sin embargo, el curso del caso dio un giro tras la presentación de demandas cruzadas que le acusaban de ofensas y difamación, concluyendo la fase de primera instancia con un veredicto de culpabilidad y su ingreso inmediato en prisión.
La aplicación del procedimiento de detención en plena vista suscitó un amplio rechazo entre los defensores de derechos humanos. La Asociación Marroquí de Protección de los Bienes Públicos expresó su profundo asombro ante el recurso del tribunal a las disposiciones del artículo 392, subrayando a través de las declaraciones de su presidente, el abogado Mohamed El Ghallousi, que esta medida es excepcional y rara vez se aplica incluso contra los acusados de malversación y expolio de fondos públicos. La asociación advirtió que castigar a los médicos y profesionales sanitarios que denuncian deficiencias y corrupción podría debilitar la protección jurídica garantizada a los alertadores (denunciantes), exigiendo la inmediata puesta en libertad del profesor y una investigación seria y firme sobre el contenido de las denuncias que planteó respecto a la gestión del hospital, y recalcando que su lugar natural sigue estando en las salas de tratamiento y en los pasillos de la universidad para servir a los ciudadanos y formar a las nuevas generaciones médicas.
En el plano profesional y laboral, las organizaciones sindicales, en particular la Unión Marroquí del Trabajo (UMT), intervinieron en el caso para denunciar la decisión de encarcelamiento, exigir la libertad del médico y salvaguardar la dignidad de los profesionales sanitarios, insistiendo al mismo tiempo en la necesidad de esclarecer la verdad sobre los expedientes administrativos y financieros planteados en el seno del Centro Hospitalario Universitario conforme a las normas de gobernanza y rendición de cuentas. A la espera de lo depare la fase de apelación, las miradas siguen puestas en la justicia para hacer justicia al interesado y reabrir las investigaciones sobre el fondo de las denuncias en lugar de limitarse a las repercusiones penales derivadas de las mismas.
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