El gobierno de Mansouri bajo la guillotina de las expectativas

La sesión plenaria en la que la primera cámara del Parlamento concedió su confianza al gobierno de Fatima Zahra Mansouri, con 204 votos a favor y 127 en contra, no fue un simple trámite constitucional de rutina para activar el artículo 88 de la Ley fundamental, sino que constituyó, a mi entender, el anuncio oficial del nacimiento de una fase política de extrema complejidad. En ella, la primera mujer en presidir el poder ejecutivo en la historia de Marruecos camina sobre un campo de minas económico, social y político implacable. El escenario captado por las cámaras y documentado por la prensa nacional y internacional no dejó tregua a las convenciones iniciales; el gobierno surgido de las urnas del 23 de septiembre es plenamente consciente de que la legitimidad de las urnas —con una tasa de participación que no superó el 38,02%— no constituye un cheque en blanco, y que los calurosos aplausos de los bloques de la cuádruple mayoría no bastan por sí solos para ocultar la cruel realidad de las profundas fracturas abiertas durante los últimos cinco años en el tejido de la clase media y de las capas vulnerables.

Al analizar la arquitectura del programa gubernamental con horizonte en 2031, observo que la jefa del gobierno optó por una huida hacia adelante a través de un atractivo cesta de promesas sociales y fiscales diseñadas para absorber el malestar popular y reparar la confianza perdida. El compromiso de aumentar progresivamente el apoyo social directo hasta un tope de 1.000 dirhams, de duplicar la pensión de viudedad del 50% al 100%, de asumir la factura de electricidad hasta un máximo de 100 dirhams para las familias necesitadas, de reducir el tipo marginal del impuesto sobre la renta (IR) del 37% al 30%, además de la rehabilitación de 100.000 viviendas rurales y la formación e integración de 100.000 jóvenes al año, son titulares llamativos que agitan las aspiraciones de la calle. Sin embargo, una lectura política y económica rigurosa nos sitúa ante una paradoja matemática flagrante: ¿cómo un gobierno que renuncia voluntariamente a cerca de 4.900 millones de dirhams de ingresos fiscales debido a la bajada del IR, puede comprometerse a gastos sociales suplementarios estimados en miles de millones y prometer una reforma global de los sistemas de pensiones sin alterar la edad de jubilación, las tasas de cotización o la base de cálculo de las pensiones, limitando al mismo tiempo el déficit presupuestario al 3% apostando por una tasa de crecimiento ambiciosa del 5% anual? Es una ecuación que, sobre el papel, se asemeja más a una aventura financiera que a una planificación tecnocrática conservadora.

Quizás lo que confirió a los debates y a las réplicas su tono dramático sin precedentes sea la paradoja política generada por el nuevo mapa parlamentario. La Reagrupación Nacional de los Independientes (RNI), que pilotó el gobierno saliente, se encontró repentinamente en la trinchera de la oposición, defendiendo a través de su jefe de grupo Yassine Akacha el legado de Aziz Akhannouch. En un paso notable, estimaron que la adopción por parte del nuevo ejecutivo de las elecciones de su predecesor constituía el mayor reconocimiento de su éxito, antes de fustigar el documento de Mansouri bajo la acusación de excluir al 26% del territorio nacional de los cálculos de desarrollo y de enterrar la estrategia agrícola «Generación Verde». En el otro extremo de la oposición, Idriss Azami Idrissi, en nombre del Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), no perdió la ocasión de ajustar cuentas con los aliados de ayer, hoy dispersos entre los escaños del poder y los de la oposición. Desenvainó el arma de la Constitución y de los informes del Tribunal de Cuentas, interrogando al ejecutivo sobre el destino del espejismo del «millón de empleos» y sobre la trazabilidad de los 280.000 millones de dirhams gastados bajo el eslogan del apoyo al poder adquisitivo y de la importación de bovinos y ovinos, sin que el pequeño ganadero o el ciudadano de a pie hayan visto su impacto en los mercados. Por su parte, las intervenciones del Grupo Harakati y de los representantes de la izquierda, a través de la voz del diputado Benjelloun, convergieron para exigir la elevación del salario mínimo interprofesional garantizado (SMIG) a 5.000 dirhams, la exención fiscal del pequeño agricultor y la protección del servicio público de salud frente a la voracidad de la privatización, en un ambiente pesado de llamadas al orden e incidentes que agotaron la paciencia del presidente de la cámara, Ahmed Touizi.

No obstante, el momento político decisivo, a mi juicio, se materializó el jueves, cuando Fatima Zahra Mansouri se quitó los guantes de la diplomacia sutil durante su tiempo de palabra en réplica, decidiendo librar el combate con artillería pesada para demostrar que no es una simple fachada de consenso para una coalición híbrida. Con fina astucia política, dio la vuelta a la situación frente al aliado de ayer, el RNI, confrontando a Yassine Akacha con el balance de diez años enteros de hegemonía de su partido en los sectores de la agricultura, la salud y la educación, revelando los entresijos del antiguo gobierno al afirmar que su partido había exigido el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, pero que la decisión se había impuesto en favor de las grandes corporaciones. No fue menos implacable cuando dirigió su mirada hacia los escaños del PJD para hurgar en los expedientes de los miles de millones del fondo de desarrollo rural, los problemas de construcción en las tierras colectivas y los arcanos de las elecciones de 2015, lanzando su proyectil político más destacado:

« El discurso de la victimización y del dominio ya no funciona, y la duplicidad destruye la confianza... El PAM es una línea roja y nadie es inmune ante la justicia »

Fatima Zahra Mansouri

Al calificar la corrupción de «cáncer que obstaculiza la vida de los ciudadanos» y al llamar al conjunto de la clase política a la autocrítica frente a la apatía de los electores, Mansouri se proyectó como una líder firme que no acepta ni el chantaje de sus rivales ni la demagogia sobre la probidad de sus manos.

Sin embargo, esta valentía retórica no puede enmascarar la fragilidad estructural que percibo en el corazón de la propia mayoría gubernamental. Si el grupo Autenticidad y Modernidad (PAM), a través de la intervención del diputado El Sabari, y el grupo del Istiqlal, liderado por Idriss El Sentissi junto a las intervenciones de Barouki y Mekaoui, defendieron con ahínco el programa como socios principales, la entrada de la Unión Socialista de las Fuerzas Populares (USFP) y del Partido del Progreso y el Socialismo (PPS) en la coalición encierra bombas de relojería. La frase calculada pronunciada por El Hassan Chokra en nombre de los socialistas, subrayando que «seremos socios en el éxito del gobierno y los primeros en alertar sobre los tropiezos», combinada con el enfoque de Meryem Wahassa en nombre del grupo progresista sobre las exigencias de justicia territorial y la simplificación de los trámites de construcción rural, confirma según mi lectura que los dos aliados progresistas tienen un pie en el gobierno y el otro en la calle, y que no aceptarán asumir el coste electoral de medidas impopulares que las restricciones presupuestarias puedan imponer en los meses venideros.

Mi visión del futuro inmediato se basa en la profunda convicción de que la verdadera prueba para el gobierno Mansouri aún no ha comenzado, y que la batalla de la investidura parlamentaria es apenas un breve paseo comparada con las luchas feroces que le esperan durante el debate sobre la primera ley de presupuestos. A lo largo de este mandato, el ejecutivo se enfrentará a una oposición bicéfala inédita: una representada por el RNI, recién salido del poder provisto de todas las claves cifradas, los entresijos de los expedientes y los secretos de la administración capaces de acorralar a los ministros actuales en cada sesión de control; y la segunda encarnada por el PJD, el Movimiento Popular y la izquierda, expertos en el arte de la movilización social y en captar el pulso de una calle furiosa ante la carestía de la vida y el desempleo.

Ante esta pinza parlamentaria y social, estimo que Fatima Zahra Mansouri no dispone del lujo del tiempo ni del privilegio de esconderse detrás de las comisiones técnicas. O traduce sus líneas rojas y su verbo incandescente durante los primeros cien días en decisiones soberanas fulminantes que golpeen a los lobbys de los monopolios en los mercados de productos alimentarios y carne, saquen de los cajones la ley de criminalización del enriquecimiento ilícito y del conflicto de intereses, y desmantelen el pesado asiento burocrático sobre la vivienda rural y las pequeñas empresas, o sus generosas promesas se transformarán en una acusación política que la asediará bajo la cúpula del Parlamento y agotará su capital en la calle antes de alcanzar la mitad del camino hacia el año 2031.