El Departamento de Justicia de EE. UU. reveló los detalles de una acusación modificada que incluye ocho cargos penales relacionados con el terrorismo, dirigidos contra tres personas sospechosas de participar en actividades en nombre de organizaciones vinculadas a Irán, en un caso que examina el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde la pena máxima para algunos de los cargos podría alcanzar la cadena perpetua.
El documento, desclasificado el 10 de noviembre de 2026, se remonta a investigaciones que apuntaron a Mohammed Baqir Saad Dawood al-Saadi, Mohsen Mohajeri y Mohammed Ali al-Hasani, en el marco de acusaciones relacionadas con la prestación de apoyo al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y a las Brigadas de Hezbolá en Irak, además de su implicación en la planificación de actos violentos dentro de Europa y Estados Unidos.
La acusación incluye la conspiración para proporcionar apoyo material a dos organizaciones que Estados Unidos clasifica como terroristas, la conspiración para proporcionar apoyo a actos terroristas y su ejecución efectiva, además del intento de llevar a cabo actos terroristas transfronterizos, la conspiración para bombardear un lugar público, el intento de destruir propiedades mediante incendios o explosivos, y la financiación del terrorismo.
Los documentos aclaran que el quinto y séptimo cargo están dirigidos únicamente contra al-Saadi, mientras que los otros seis cargos incluyen a los tres acusados. La pena máxima para algunos cargos es de veinte años de prisión, mientras que en dos de ellos puede llegar a la cadena perpetua, si el juicio concluye con la condena de los acusados.
Las pruebas en las que se basa la fiscalía estadounidense, según su relato, incluyen grabaciones de video, comunicaciones telefónicas y correspondencia entre personas sospechosas de participar en la planificación de operaciones violentas. También señalan reuniones y comunicaciones que tuvieron lugar la primavera pasada, relacionadas con ataques que tenían como objetivo sitios en Europa, incluida una sinagoga en Londres.
Las autoridades estadounidenses prestan especial atención a las llamadas que al-Saadi realizó desde su centro de detención con su madre y su hermana en Irak, ya que la fiscalía considera que algunas de las frases utilizadas durante las mismas fueron un medio para transmitir instrucciones indirectas a sus socios. Entre esas comunicaciones se encuentra una llamada el 24 de septiembre pasado, que los investigadores sospechan contenía directrices relacionadas con los movimientos posteriores cerca de la base británica de Fairford.
El Departamento de Justicia informó que al-Saadi se encuentra bajo custodia estadounidense, mientras que los otros dos acusados siguen fuera del alcance de las autoridades estadounidenses, elogiando la cooperación en materia de seguridad y judicial brindada por las autoridades británicas durante la investigación.
La importancia jurídica del caso radica en la dependencia de la fiscalía de pruebas digitales y comunicaciones indirectas para demostrar la existencia de una coordinación organizativa transfronteriza, lo cual estará sujeto a examen judicial y al derecho de la defensa a discutir y cuestionar las pruebas.
Aunque la acusación incluye cargos graves y posibles penas severas, no constituye una sentencia judicial, y la presunción de inocencia sigue vigente para los acusados hasta que se demuestre su responsabilidad de acuerdo con los procedimientos legales.
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