El presidente estadounidense, Donald Trump, ha devuelto el expediente de los Hermanos Musulmanes al centro del debate político y de seguridad internacional, tras revelar, el lunes 16 de noviembre de 2026, la posibilidad de que su administración tome una nueva medida para ampliar la clasificación del grupo como organización terrorista, lo que podría incluir a todas sus ramas y organizaciones, en un posible giro que iría más allá de las medidas estadounidenses anteriores que apuntaban a ramas específicas en varios países árabes.
Las declaraciones de Trump se produjeron durante su conversación con periodistas antes de abandonar la Casa Blanca, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de adoptar una clasificación integral para los Hermanos Musulmanes, en lugar de limitarse a algunas de sus ramas. El presidente estadounidense respondió con una breve frase indicando que podría tomar esta medida, sin anunciar la emisión de una decisión final ni fijar una fecha para su implementación, lo que convierte la declaración en un indicador de una posible orientación política, y no en una medida legal que haya entrado en vigor.
Estos acontecimientos se producen tras una serie de decisiones estadounidenses que comenzaron a adquirir un carácter más claro desde el 24 de noviembre de 2025, cuando Trump firmó la orden ejecutiva número 14362, instruyendo a los Departamentos de Estado y del Tesoro a estudiar la clasificación de ramas de los Hermanos Musulmanes en Egipto, Jordania y el Líbano dentro de las listas de terrorismo de Estados Unidos. La orden estipulaba la preparación de una evaluación conjunta en consulta con las autoridades competentes en seguridad nacional e inteligencia, como paso previo a la adopción de las medidas autorizadas por la ley estadounidense.
El 13 de enero de 2026, Washington pasó de la fase de estudio a la de aplicación, después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara la inclusión de las ramas de los Hermanos Musulmanes en Egipto y Jordania en la lista de terroristas globales especialmente designados, conocida por sus siglas «SDGT», mientras que el Departamento de Estado anunció la clasificación de la rama libanesa, conocida como el Grupo Islámico, como organización terrorista extranjera «FTO», además de incluirla en la lista de sanciones relacionadas con el terrorismo. Las medidas también incluyeron al Secretario General del Grupo Islámico en el Líbano, Mohamed Fawzi Taqoush.
Las medidas estadounidenses no se detuvieron en esa etapa, ya que el Departamento del Tesoro anunció el 23 de julio de 2026 la imposición de sanciones a un alto funcionario de los Hermanos Musulmanes egipcios, además de personas y entidades a las que acusó de participar en redes de financiación vinculadas al movimiento Hamás, incluidas instituciones que, según las autoridades estadounidenses, utilizaron actividades benéficas como fachada para transferir fondos. Este paso reflejó el cambio del enfoque estadounidense de la clasificación de ramas organizativas a la persecución de personas y redes financieras que, según Washington, están vinculadas a ellas.
En cuanto a Egipto, el expediente fue testigo de un nuevo desarrollo el pasado 9 de noviembre, tras la publicación de una decisión que estipula la inclusión de los Hermanos Musulmanes de forma permanente en la lista de entidades terroristas, en lugar de continuar con inclusiones de duración determinada que requieren renovación. La decisión también incluyó la inclusión de tres personas en las listas de terrorismo basándose en sentencias judiciales definitivas, en un paso que recibió elogios estadounidenses posteriores y que se produjo en el contexto del acercamiento existente entre El Cairo y Washington respecto al manejo de seguridad del grupo.
Las recientes declaraciones de Trump fueron precedidas por una entrevista mediática realizada el 12 de noviembre, durante la cual consideró que los Hermanos Musulmanes podrían representar en la etapa actual un peligro mayor que el comunismo, describiendo a ambas partes como una amenaza grave desde su punto de vista. Estas declaraciones sucesivas revelan que el debate estadounidense sobre el grupo ya no se limita a sus ramas en Oriente Medio, sino que aborda la posibilidad de ampliar el alcance de las medidas a otros niveles organizativos y geográficos.
El debate se extendió al interior de Estados Unidos cuando se le preguntó a Trump sobre el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas, conocido como «CAIR», una de las organizaciones más destacadas en la defensa de los derechos civiles de los musulmanes en Estados Unidos. El presidente estadounidense confirmó que su administración está vigilando de cerca a la organización y no descartó tomar medidas contra ella en el futuro, pero se abstuvo de dar una respuesta definitiva sobre su clasificación. Esto ocurre a la luz de las medidas tomadas por los estados de Texas y Florida contra la organización, que a su vez han provocado disputas legales relacionadas con los límites de los poderes de los estados y los derechos constitucionales, con la necesidad de distinguir entre esas medidas locales y cualquier clasificación federal emitida por el gobierno de Estados Unidos.
Desde el punto de vista político, el paso de clasificar ramas específicas a atacar al grupo de manera integral, si Washington decide seguir adelante, podría abrir una nueva etapa de complicaciones legales y diplomáticas, dada la diferencia en las situaciones organizativas y legales de las entidades vinculadas a la ideología de los Hermanos Musulmanes de un país a otro. Las posibles repercusiones también podrían extenderse a las instituciones financieras, asociaciones y redes que las autoridades estadounidenses demuestren que están vinculadas a las entidades incluidas en cualquier nueva clasificación, lo que coloca la cuestión de la determinación de responsabilidades, las relaciones organizativas y las pruebas legales en el centro de cualquier decisión esperada.
Esta posibilidad también plantea interrogantes sobre sus repercusiones en las relaciones de Estados Unidos con países cuyas posturas respecto al grupo varían, además de su posible impacto en la actividad de las organizaciones y corrientes políticas de referencia islámica en Europa y otras regiones. Sin embargo, ampliar la clasificación no significa automáticamente incluir a toda corriente intelectual o institución política o civil cuyas ideas se crucen con las del grupo, ya que la aplicación de sanciones requiere identificar a las entidades y personas afectadas de acuerdo con los marcos legales estadounidenses.
Entre las medidas que ya han entrado en vigor y las declaraciones que conllevan posibilidades de escalada, parece que la administración Trump se encamina a mantener el expediente de los Hermanos Musulmanes dentro de sus prioridades de seguridad y políticas. Pero el desarrollo decisivo no estará solo en la dureza de las declaraciones, sino en si Washington traducirá esta orientación en nuevas decisiones oficiales que definan el alcance de la clasificación, las partes incluidas en ella y sus consecuencias legales.
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