El apoyo gubernamental al transporte aumenta un sesenta por ciento

Las medidas de apoyo excepcional dirigidas a los profesionales del transporte por carretera en Marruecos han entrado en una nueva fase, hoy martes 10 de noviembre de 2026, con la apertura del plazo para presentar las solicitudes de la última cuota a través de la plataforma electrónica dedicada, tras una decisión gubernamental de aumentar las cuantías de las ayudas en un 60 por ciento, en un intento por limitar el impacto de la volatilidad de los precios de los combustibles en los costes del transporte y el poder adquisitivo de los ciudadanos.

El ministro de Transporte y Logística, Abdelsamad Qayouh, reveló durante la sesión de preguntas orales en la Cámara de Representantes, el lunes, que el Gobierno ha destinado una partida financiera adicional de 400 millones de dírhams para financiar esta cuota, señalando que el total de los importes destinados a apoyar a los profesionales del transporte desde marzo de 2022 ha superado los 11 mil millones de dírhams, distribuidos en 23 cuotas.

El nuevo incremento abarca a diversas categorías de transporte profesional beneficiarias, donde la ayuda para los pequeños taxis aumentó de 800 a 1280 dírhams, y la de los grandes taxis de 1100 a 1760 dírhams, mientras que la ayuda para los autobuses de transporte interurbano pasó de 3500 a 5600 dírhams, esto para un periodo de apoyo que abarca quince días.

El Gobierno apuesta por este mecanismo para aliviar las cargas financieras que soportan los profesionales como resultado del aumento de los precios del combustible, intentando evitar que estos incrementos se trasladen a las tarifas de transporte, transporte de mercancías y productos de consumo.

Qayouh había explicado que unos 200 mil vehículos están involucrados en el beneficio de esta ayuda, adoptando un mecanismo para revisar las cantidades según la evolución de los precios de los combustibles registrados en las estaciones de distribución.

Sin embargo, la continuidad de este tipo de apoyo plantea interrogantes sobre su coste para las finanzas públicas y su eficacia en la protección del consumidor final, especialmente porque el reflejo de las ayudas financieras en los precios del transporte requiere un seguimiento sobre el terreno que garantice el cumplimiento de los objetivos declarados.