Condenas a cadena perpetua en EAU para una red de tráfico de armas sudanesa

Los hilos del caso comenzaron a desenredarse cuando un avión privado aterrizó en uno de los aeropuertos de los Emiratos Árabes Unidos bajo el pretexto de repostar procedente de un país extranjero, y bajo una cobertura oficial que afirmaba transportar un cargamento de suministros médicos. Sin embargo, los procedimientos de inspección judicial revelaron un cargamento secreto que incluía cerca de cinco millones de cartuchos de munición para ametralladoras "Gorinov", que tenían como destino las Fuerzas Armadas de Sudán sin licencias legales. Este incidente llevó a los aparatos de seguridad a desmantelar una red organizada encargada de gestionar operaciones ilegales de equipamiento militar y blanqueo de capitales, ya que las investigaciones y grabaciones demostraron que las operaciones se llevaron a cabo por encargo directo del comité militar de armamento sudanés bajo la supervisión del asistente del comandante en general, Yasser Al-Atta, y en coordinación financiera con el coronel Othman Al-Zubair, obteniendo aprobaciones y certificados de usuario final a través del político Ahmed Rabie Syed Ahmed, mientras que el exdirector de inteligencia Salah Gosh desempeñó papeles fundamentales en la mediación y el paso de los cargamentos.

Para ocultar la naturaleza militar de las transacciones y burlar el control financiero, los acusados recurrieron a fachadas comerciales y empresas fantasma, una de las cuales estaba vinculada a un empresario sudanés-ucraniano sujeto a sanciones internacionales, utilizando facturas y contratos bancarios falsificados que alegaban financiar operaciones de "importación de azúcar" para justificar el flujo de transferencias bancarias. Las dimensiones de la trama no se limitaron al transporte de armas y drones, sino que también incluyeron un enriquecimiento personal y comisiones secretas ilegales que rondaron los 2,6 millones de dólares deducidos como diferencias de precio. El exdirector de la oficina de Gosh, Khaled Youssef Mukhtar, se encargó de recibir las cuotas asignadas a su jefe, confiscándose sumas de dinero en efectivo en poder de elementos de la red dentro de sus habitaciones de hotel.

Ante lo que el tribunal consideró un atentado directo contra la soberanía del Estado y un intento de utilizar su territorio como plataforma de tránsito militar en un conflicto externo, el Tribunal de Apelación Federal de Abu Dabi emitió su fallo condenando a ocho principales implicados a cadena perpetua y multando a cada uno de ellos con un millón de dirhams: Yasser Al-Atta, Salah Gosh, Othman Al-Zubair, Ahmed Rabie Syed Ahmed, Rashid Omar, Ahmed Abdullah (Khalafallah), Muhammad Fath Al-Beik y Maher Abdel-Jalil. El tribunal también dictó penas de prisión de tres años para otros siete acusados, con una multa de un millón de dirhams para cada uno por delitos de blanqueo de capitales, mientras que absolvió a Mubarak Ali Al-Sheikh y Musab Awad Al-Karim Hassan de los cargos que se les imputaban. El tribunal concluyó sus decisiones ordenando la disolución y la anulación de las licencias de seis empresas implicadas, imponiendo una multa de un millón de dirhams a cada una, la confiscación de un millón y 545 mil dirhams incautados junto con las municiones y los dispositivos de comunicación utilizados, y la deportación de los condenados del país una vez cumplidas sus condenas.