El Gobierno marroquí, presidido por Fatima Zahra Mansouri, miembro del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), se enfrenta a una prueba social y económica al anunciar que asumirá el coste de las facturas eléctricas domésticas que no superen los cien dirhams mensuales, a partir del 1 de enero de 2027, en una medida destinada a fortalecer el poder adquisitivo y aliviar las cargas económicas de los hogares necesitados. Sin embargo, esta medida, que parece a simple vista un beneficio social directo, abre un debate más profundo sobre la equidad en la distribución de las ayudas, el impacto de la política fiscal en las facturas, las fuentes de financiación y la capacidad del Estado para garantizar su sostenibilidad, además de cuestionar la exclusión del agua potable y el saneamiento líquido de esta cobertura, a pesar de que estos servicios son gastos básicos para las familias marroquíes.
La iniciativa cobra importancia al pasar de las promesas electorales del Partido Autenticidad y Modernidad al proyecto de Ley de Finanzas n.º 60.26 para el ejercicio fiscal 2027, aprobado por la Cámara de Representantes en primera lectura la tarde del sábado 14 de noviembre de 2026, con el voto a favor de 179 diputados frente a 126 en contra, sin registrar ninguna abstención. A pesar de la importancia de esta aprobación, la medida aún no ha entrado en vigor, ya que sigue supeditada a la finalización del procedimiento legislativo y a la adopción de las disposiciones reglamentarias y técnicas necesarias para su aplicación.
Los documentos gubernamentales indican la movilización de una partida presupuestaria cercana a los 2.8 mil millones de dirhams, mientras que el ministro de Economía, Finanzas y Reforma de la Administración, Fouzi Lekjaa, fijó el coste anual estimado en unos 2.83 mil millones de dirhams. Durante el debate del proyecto de ley ante la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico, explicó que cerca de seis millones de suscripciones eléctricas registran facturas mensuales que no superan los cien dirhams, con una media real de 56 dirhams. No obstante, las estimaciones gubernamentales revelaron que cerca del 29 por ciento de estas suscripciones corresponden a viviendas vacías o secundarias, lo que requiere su exclusión del beneficio.
Basándose en estos datos, el número teórico de suscripciones elegibles se reduce a unos 4.26 millones. Al multiplicar esta cifra por la factura media de 56 dirhams y luego por doce meses, obtenemos un coste aproximado de 2.86 mil millones de dirhams, un resultado cercano a la estimación gubernamental. Sin embargo, este cálculo asume que el consumo medio se aplica a las suscripciones restantes tras la exclusión, y no representa un recuento definitivo del número de familias beneficiarias ni del coste real del programa.
El mecanismo anunciado consiste en que el Estado asuma el valor total de la factura eléctrica mensual que no supere los cien dirhams para las residencias principales de las familias elegibles, sin necesidad de presentar solicitudes en papel o desplazarse a las administraciones. La medida también incluye los contadores de prepago, mediante la provisión de créditos mensuales a los beneficiarios, un aspecto de especial importancia en las zonas rurales. No obstante, definir las condiciones de elegibilidad social, cómo acreditar la residencia principal y gestionar los casos excepcionales sigue siendo esencial para garantizar una implementación justa.
El primer problema económico surge de la naturaleza del techo de beneficio; el proyecto no propone descontar cien dirhams de todas las facturas eléctricas, sino asumir el valor de aquellas que no superen dicha cantidad. Según la fórmula anunciada, una familia cuya factura sea de 99 dirhams podría beneficiarse de que el Estado cubra el total, mientras que una familia cuya factura ascienda a 101 dirhams podría verse obligada a pagar el importe íntegro, si las normas de ejecución no incluyen un sistema transitorio o una ayuda parcial para las facturas que superen el umbral por un margen limitado.
Esta paradoja revela lo que económicamente se conoce como el efecto de umbral agudo, donde un ligero cambio en el consumo conduce a la pérdida de un beneficio financiero significativo. Pasar de 99 a 101 dirhams puede significar que la familia pase de no pagar nada a asumir una factura completa, a pesar de que el aumento en el valor del consumo no supera los dos dirhams. Este diseño podría convertirse en una fuente de desigualdad social entre familias con ingresos y necesidades básicas similares, lo que requiere estudiar mecanismos más flexibles para determinar la elegibilidad.
La sensibilidad de esta cuestión aumenta al introducir el sistema fiscal en los cálculos. El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) aplicado a la electricidad experimentó un aumento gradual en virtud de la Ley de Finanzas de 2024, pasando del 14 por ciento en 2023 al 16 por ciento en 2024, luego al 18 por ciento en 2025, hasta llegar al 20 por ciento a partir del 1 de enero de 2026. Asimismo, el impuesto sobre el alquiler del contador eléctrico aumentó del 7 por ciento al 11 por ciento en 2024, luego al 15 por ciento en 2025, alcanzando el 20 por ciento durante el año en curso.
Sin embargo, es necesario distinguir entre el aumento del tipo impositivo y el incremento real en el precio final de la electricidad. La circular n.º 735 emitida por la Dirección General de Impuestos, relativa a las disposiciones fiscales de la Ley de Finanzas de 2024, estipuló que el cambio en los tipos impositivos no se refleja, en virtud de la medida transitoria adoptada, en las tarifas de venta de electricidad determinadas reglamentariamente por el Decreto n.º 2451.14 emitido el 21 de julio de 2014. Por lo tanto, que el impuesto alcance el 20 por ciento no representa en sí mismo una prueba de un aumento automático en la tarifa de consumo doméstico, aunque es necesario vigilar las tasas y otros gravámenes incluidos en la factura.
Las familias cuyas facturas se acercan a los cien dirhams siguen siendo las más sensibles a cualquier cambio en el consumo o en los elementos de facturación. Si el techo se mantiene en su valor actual en el futuro, sin tener en cuenta el cambio en los costes de la electricidad, un aumento limitado en algunas facturas podría provocar que sus titulares queden fuera del círculo de beneficiarios. Este resultado no significa necesariamente la cancelación del programa, sino la posibilidad de que su cobertura social disminuya gradualmente si el mecanismo de ayuda no se acompaña de una revisión periódica de los criterios de elegibilidad.
En un desarrollo legislativo digno de seguimiento, informes de prensa del 13 de noviembre de 2026 indicaron que la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Cámara de Representantes aprobó una enmienda presentada por el grupo Justicia y Desarrollo, que estipula la exención del IVA para las ventas de electricidad destinadas al uso doméstico, sin derecho a deducción, dentro del límite de los primeros 150 kilovatios-hora de consumo mensual por contador. Esta propuesta difiere de la asunción por parte del Estado de las facturas eléctricas que no superen los cien dirhams; la primera se refiere a la cantidad de energía consumida y a su régimen fiscal, mientras que la segunda está vinculada al valor monetario de la factura. La determinación del impacto final de esta enmienda sigue dependiendo del texto aprobado tras completar el procedimiento legislativo y su publicación oficial, por lo que no puede considerarse una exención vigente antes de ello.
Desde el punto de vista económico, la adopción de la exención fiscal propuesta podría reducir el valor de algunas facturas domésticas, permitiendo que suscripciones adicionales caigan por debajo del umbral de beneficio, dependiendo de cómo se apliquen las tarifas e impuestos. Sin embargo, esto podría ampliar la base de beneficiarios de la ayuda, coincidiendo con una disminución de parte de los ingresos fiscales, lo que requiere calcular el impacto financiero neto de ambas medidas, en lugar de evaluar cada una por separado.
No obstante, el debate no se limita a la electricidad, sino que se extiende a la exclusión del agua potable y el saneamiento líquido de la cobertura de las facturas pequeñas. Los documentos gubernamentales relativos al proyecto de Ley de Finanzas de 2027 hablan explícitamente de las facturas de electricidad, sin aprobar una medida similar para el agua. Por lo tanto, la familia beneficiaria sigue estando obligada a pagar las cuotas de consumo de agua, saneamiento líquido y los gravámenes asociados, según las tarifas vigentes.
Aquí surge un detalle fiscal importante; la Ley de Finanzas de 2024 aprobó la exención de las operaciones de distribución de agua destinada al consumo doméstico del IVA, con derecho a deducción, a partir del 1 de enero del mismo año. La exención también incluyó los servicios de saneamiento líquido y el alquiler del contador de agua asociados al uso doméstico, según las condiciones legales establecidas. Sin embargo, la exención fiscal no significa gratuidad del servicio, ya que las familias siguen obligadas a pagar el valor del consumo y los gravámenes adeudados. Así, aparece una diferencia fundamental entre la electricidad, cuyo impuesto sobre el consumo alcanzó el 20 por ciento en 2026, con la propuesta de que el Estado asuma el valor de sus facturas pequeñas a partir de 2027, y el agua doméstica, exenta fiscalmente desde 2024, sin que la nueva medida de asunción de facturas la incluya.
La importancia de esta distinción radica en que algunos ciudadanos tratan con un único distribuidor para los servicios de agua, electricidad y saneamiento líquido, y pueden recibir reclamaciones de pago que incluyen más de un servicio. Sin embargo, la unidad del distribuidor o el medio de pago no significa que todos los servicios estén cubiertos por la ayuda. Si la factura de electricidad de una familia elegible asciende a 80 dirhams, y las cuotas de agua y saneamiento ascienden a 60 dirhams, el Estado podría asumir solo el valor de la electricidad, mientras que los sesenta dirhams restantes siguen siendo adeudados por la familia. Asimismo, que el total de las cuotas alcance los 140 dirhams no constituye, según el techo anunciado, una razón en sí misma para la exclusión, porque el criterio de beneficio se refiere únicamente a la electricidad, a la espera de las normas reglamentarias para confirmar los detalles prácticos de la facturación.
Desde la perspectiva de la economía del bienestar, medir el impacto social de la ayuda no debe limitarse al valor de la factura eléctrica asumida por el Estado, sino que debe incluir la cantidad de ahorro real en el presupuesto familiar tras calcular otros gastos necesarios. Una familia puede lograr un ahorro mensual de 80 dirhams gracias a la ayuda eléctrica, pero sigue obligada a cubrir los costes de agua, vivienda, alimentación y transporte. Por lo tanto, el beneficio económico real del programa varía según los ingresos, el número de miembros de la familia y la naturaleza de sus gastos básicos.
Además, la disminución de la factura eléctrica no siempre refleja una limitación de los recursos financieros. Una persona acomodada que vive sola puede consumir electricidad por un valor inferior a cien dirhams, mientras que la factura de una familia de bajos ingresos, que incluye un gran número de miembros, supera este techo debido a sus necesidades diarias. El bajo consumo también puede estar relacionado con la incapacidad de adquirir equipos eléctricos necesarios o utilizar medios de calefacción y refrigeración. Por lo tanto, basarse únicamente en el importe monetario, sin criterios sociales complementarios, podría conducir a una desigualdad en el beneficio entre las familias más y menos necesitadas.
Los datos del Alto Comisionado para el Plan (HCP) refuerzan la importancia de este análisis; la Encuesta Nacional sobre el Nivel de Vida de los Hogares de 2022 y 2023 mostró que la cuota de los gastos de vivienda y energía combinados en el presupuesto de los hogares aumentó del 23 por ciento en 2014 al 25.4 por ciento en 2022. Estas cifras no representan solo los gastos de electricidad, pero reflejan el peso creciente de las cargas asociadas a la vivienda y la energía dentro del gasto familiar, y destacan la importancia de dirigir la ayuda a los grupos más afectados por los costes de los servicios básicos.
En cuanto a las finanzas públicas, asignar 2.83 mil millones de dirhams anuales representa un compromiso que puede incluirse en el presupuesto, pero no está aislado de otros gastos sociales y de inversión del Estado. El proyecto de Ley de Finanzas de 2027 se basa en la hipótesis de un crecimiento económico del 3.7 por ciento, que son previsiones gubernamentales y no resultados logrados, en un momento en que continúan las necesidades de financiación de la salud, la educación, la protección social y las infraestructuras.
La sensibilidad financiera del programa puede probarse adoptando escenarios hipotéticos. Si el valor medio de las facturas subvencionadas aumenta un 10 por ciento, manteniendo constante el número de beneficiarios y continuando todas sus facturas dentro del techo, el coste anual podría aumentar teóricamente de 2.83 a unos 3.11 mil millones de dirhams. Si el aumento alcanza el 20 por ciento, podría llegar a cerca de 3.40 mil millones de dirhams. Sin embargo, estos cálculos no son previsiones gubernamentales, y están condicionados a la continuidad de la elegibilidad de todos los beneficiarios; ya que el hecho de que algunas facturas superen el umbral de cien dirhams podría conducir a una disminución del coste del programa para el Estado, como resultado de la salida de sus titulares del círculo de ayuda.
La importancia de la sostenibilidad financiera aumenta considerando que Marruecos se ve afectado por los precios de las fuentes de energía importadas y los costes de producción, transporte y distribución de electricidad, además de las inversiones necesarias para modernizar las redes y ampliar las energías renovables. La gratuidad de la factura no significa la desaparición del coste económico de la electricidad, sino el traslado de la carga del pago de la familia elegible al presupuesto general, lo que convierte al programa en una de las herramientas de redistribución de los recursos públicos.
El Partido Autenticidad y Modernidad había propuesto en su programa electoral una contribución solidaria marginal del 12 por ciento sobre la parte del consumo eléctrico que supere los 200 kilovatios-hora mensuales, para ayudar a financiar la gratuidad de las facturas pequeñas. Sin embargo, que esta medida aparezca en el programa del partido no significa su entrada en vigor, y no debe confundirse con el IVA vigente. Asimismo, la adopción de dicha contribución, si se decide legislativamente, requiere tener en cuenta las situaciones de las familias numerosas y los casos en los que el consumo aumenta por razones necesarias que no están relacionadas con el lujo.
El mecanismo de implementación plantea desafíos administrativos y técnicos relacionados con la identificación de las residencias principales y la exclusión de las viviendas secundarias y vacías, garantizando el beneficio de las familias cuyos nombres de ocupantes no coinciden con los titulares de los contadores, además de gestionar las facturas basadas en lecturas estimativas o compartidas entre más de una familia. También es necesario aclarar cómo gestionar la fluctuación del consumo entre estaciones, y si el beneficio vuelve automáticamente cuando la factura desciende de nuevo a cien dirhams o menos, proporcionando un mecanismo claro para objetar errores de facturación o exclusión.
A la luz de estos desafíos, la ayuda gradual surge como una de las alternativas económicas posibles, de modo que el Estado asuma el valor total de las facturas pequeñas, y luego el importe de la ayuda disminuya gradualmente al superar el techo, en lugar de perderlo de una sola vez. También se puede estudiar la adopción de una cantidad básica subvencionada de electricidad medida en kilovatios-hora, y vincular parte de la elegibilidad al número de miembros de la familia y su situación social. Sin embargo, estas alternativas necesitan datos precisos y simulaciones financieras antes de su adopción, porque podrían ampliar la base de beneficiarios y aumentar el coste total.
En cuanto a la posibilidad de que la gratuidad de las facturas eléctricas pequeñas se convierta en una medida temporal tras la cual las familias vuelvan a pagar, no existe en los documentos disponibles un plan gubernamental anunciado que estipule su cancelación después de un año. Por otro lado, hasta ahora no aparece una garantía legal para financiarla por tiempo indefinido o revisar el techo de beneficio automáticamente cuando cambien los precios. Por lo tanto, su continuidad seguirá vinculada al marco legislativo final, las asignaciones financieras y las futuras opciones gubernamentales, sin que esta posibilidad constituya una prueba de una intención previa de dar marcha atrás.
Por lo tanto, la verdadera prueba del programa no será solo en el número de facturas que el Estado asuma durante los primeros meses de 2027, sino en su capacidad para mantener el alcance del beneficio y la equidad en la distribución durante los años siguientes. Esto requiere la publicación de datos periódicos sobre el número de familias beneficiarias reales, el valor medio de la ayuda, los casos de exclusión por superar el techo, y la distribución geográfica y social de los beneficiarios, además de medir el impacto en el poder adquisitivo y el total de los gastos básicos de los hogares.
Por consiguiente, el proyecto de que el Estado asuma el valor de las facturas eléctricas pequeñas representa una medida social aplicable en principio, respaldada por estimaciones financieras oficiales, pero enfrenta desafíos relacionados con la sensibilidad del techo monetario, la equidad en la focalización, la superposición de la política fiscal con la ayuda directa y la sostenibilidad de la financiación. Asimismo, limitarse a la electricidad sin incluir el agua sigue siendo un tema legítimo de debate económico y social, especialmente porque ambos servicios representan necesidades básicas, aunque sus costes, mecanismos de fijación de precios y consideraciones relacionadas con la racionalización de su consumo difieran.
La verdadera apuesta no consiste solo en que el Estado asuma el valor de la factura eléctrica que no supere los cien dirhams mensuales a partir de enero de 2027, sino en garantizar que su aumento a 101 dirhams no se convierta en una causa potencial de pérdida total de la ayuda, y que el cambio de precios en el futuro no conduzca a una reducción del número de beneficiarios sin tomar una decisión explícita de cancelar el programa. Entre el impuesto vigente, las exenciones propuestas y la ayuda financiada por el presupuesto general, la pregunta económica fundamental sigue siendo la capacidad del Gobierno para transformar la gratuidad de las facturas pequeñas de una medida vinculada a un techo financiero fijo en un mecanismo de protección social justo y sostenible, que preserve el poder adquisitivo de las familias sin alterar los equilibrios financieros ni los requisitos de racionalización del consumo de energía y agua.
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