Ouahbi insiste en la implementación mientras los abogados aguardan el destino de sus demandas

El Ministerio de Justicia se prepara para activar nuevas disposiciones para la formación de abogados, en paralelo a la insistencia de Abdellatif Ouahbi en descartar la modificación de la Ley n.º 66.23 actualmente, a pesar de las persistentes reservas profesionales y políticas al respecto.

Según declaraciones recogidas por Hespress, el ministro anunció la disponibilidad de algunos textos de aplicación, especialmente los relacionados con la formación y el instituto de abogacía, como paso previo a presentar el texto en cuestión ante el Consejo de Gobierno y completar su adopción antes de fin de año. La preparación del resto de textos continúa, mientras que atribuyó la ausencia de consultas al respecto con la Asociación de Colegios de Abogados a su boicot al diálogo, considerando que la etapa actual requiere pasar a la ejecución.

Ouahbi justificó su postura argumentando que la ley fue promulgada al final del mandato gubernamental anterior y no se aplicó de manera que permitiera su evaluación. En respuesta a la posibilidad de reabrir el debate, planteada por el presidente del Consejo Nacional del Partido Istiqlal, Abdeljabbar Rachidi, en un encuentro con Hespress, aclaró que el deseo de uno de los componentes de la mayoría de modificarla no significa la adopción de la propuesta, recordando que el proceso legislativo se completó y se emitió un dahir para su ejecución.

En cuanto a los detalles de la formación, el ministro presentó ante la comisión parlamentaria competente una visión cuasi regional que incluye Oujda, Agadir, Marrakech, Casablanca y Tetuán. Un antiguo instituto de secundaria en Casablanca será transformado en un instituto, y otra institución en Tetuán será acondicionada para el mismo propósito.

Según la visión anunciada, cada instituto acogerá entre 50 y 70 pasantes, durante un año que combinará el aprendizaje teórico y la formación práctica. Asimismo, Ouahbi anunció el endurecimiento del control del examen de acceso a las profesiones de abogado y notario, exigiendo superarlo en al menos dos idiomas, sin especificarlos en las declaraciones disponibles.