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La comunidad marroquí residente en el extranjero ha seguido con asombro y profundo descontento las demandas formuladas por un parlamentario perteneciente al partido de la Federación de Izquierda, relativas al indulto para los condenados por los sucesos del campamento de Gdeim Izik, sin tener en cuenta las tragedias humanas que dejaron aquellos eventos, las vidas perdidas entre los mártires del deber de las fuerzas públicas, y lo que ello exige en términos de respeto a los sentimientos de las familias de las víctimas y la preservación de la dignidad de sus sacrificios. Sin embargo, lo que aumentó la intensidad del descontento, y tocó la fibra sensible de muchos marroquíes en el mundo en particular, no fue solo el planteamiento de la demanda de amnistía general, sino su vinculación con el llamamiento a retirar la competencia del indulto a la Institución Real para otorgársela al Parlamento; lo que les pareció un exceso que trasciende el debate sobre el tratamiento de un expediente judicial y político específico hacia una cuestión más profunda relacionada con la posición de la Institución Real y sus competencias constitucionales, lo que les llevó a cuestionarse sobre los límites entre la reivindicación de la reconciliación, el respeto a la memoria nacional y las opciones constitucionales del Reino.
De vez en cuando surgen llamamientos que solicitan transferir la potestad del indulto de la Institución Real al Parlamento, bajo títulos como la ampliación de las competencias legislativas, el fortalecimiento del control parlamentario y el establecimiento de la separación de poderes. Estos son títulos que parecen, en apariencia, estar relacionados con el discurso de la reforma constitucional, pero requieren un examen minucioso antes de convertirse en demandas políticas prefabricadas, o antes de presentarlas como si fueran simples ajustes procedimentales en la distribución de competencias.
No todo lo que se plantea en nombre de la reforma es necesariamente una reforma, y no toda transferencia de competencia de una institución a otra es una evolución automática de la estructura constitucional. Existe una diferencia entre mejorar el ejercicio de una competencia constitucional existente y redistribuir las competencias de tal manera que se altere la posición de una institución constitucional dentro de todo el sistema político.
Primero: El indulto no es una figura única
Desde una perspectiva constitucional, no es correcto confundir el indulto particular con la amnistía general; porque la confusión entre ambos conduce a conclusiones inexactas.
El artículo 58 de la Constitución de 2011 establece claramente que el Rey ejerce el derecho de indulto. Esto se refiere al indulto particular. En cuanto a la amnistía general, esta se enmarca en el ámbito de la ley según el artículo 71, y se considera una de las áreas en las que el Parlamento tiene potestad legislativa.
Asimismo, el artículo 49 hace que el proyecto de ley de amnistía general sea uno de los temas que se debaten en el Consejo de Ministros. Por su parte, el artículo 78 establece que la iniciativa legislativa es compartida entre el Jefe de Gobierno y los miembros del Parlamento.
Esto significa que el Parlamento no está fuera del ámbito del indulto, ni privado de legislar sobre él; más bien, la Constitución le otorga la posibilidad de contribuir a la producción de normas jurídicas relacionadas con la amnistía general de acuerdo con los procedimientos establecidos.
¿Por qué, entonces, se solicita retirar el indulto particular de la Institución Real y asignarlo al Parlamento, a pesar de que el Parlamento ya posee un ámbito constitucional para intervenir en la amnistía general?
La cuestión no es simplemente ampliar la competencia del Parlamento, sino que se trata de redistribuir una competencia constitucional existente, y esto requiere un debate institucional más profundo que el simple hecho de levantar el eslogan de la reforma.
Segundo: El punto 31 de la iniciativa de autonomía… ¿qué dice realmente?
Tras las críticas que enfrentó la intervención parlamentaria sobre el indulto a los condenados por los sucesos de Gdeim Izik, Omar Mahmoud Benjelloun, en una publicación difundida para defender su postura, se basó en el punto 31 de la iniciativa marroquí para la negociación sobre el estatuto de autonomía para el Sáhara, depositada ante las Naciones Unidas en abril de 2007.
No se debe negar la existencia de esta disposición ni distorsionar su contenido; el punto 31 habla efectivamente de la adopción por parte del Reino de una amnistía general, y establece la exclusión de procesamientos, detenciones, reclusión, encarcelamiento e intimidación, siempre que se basen en hechos cubiertos por la amnistía.
Pero el debate real comienza aquí, y parece que la cita del punto 31 fue superada o no recibió el escrutinio necesario.
El texto no habla de un indulto absoluto, ni otorga una inmunidad integral y abierta para todos los hechos y actos, sino que vincula el alcance del indulto a una restricción clara: que los hechos estén cubiertos por la amnistía. Esto no es un detalle lingüístico pasajero, sino una restricción que define el ámbito objetivo del indulto. No todo acto ocurrido en el contexto del conflicto del Sáhara se vuelve automáticamente cubierto por la amnistía, y no basta con citar el punto 31 para probar que toda condena posterior entra necesariamente en su ámbito.
Además, la iniciativa se remonta a abril de 2007, mientras que los sucesos de Gdeim Izik ocurrieron en noviembre de 2010. La existencia de una disposición de amnistía general en un documento anterior a los sucesos no prueba por sí misma que los hechos objeto de las sentencias dictadas al respecto estén cubiertos por dicha amnistía.
Otro aspecto es que el punto 31 se incluye dentro de las medidas transitorias vinculadas al proceso de aprobación del estatuto de autonomía y su implementación, y debe leerse en su contexto integral junto con las disposiciones adyacentes, especialmente en lo que respecta a la reintegración y el retorno a la patria.
Por lo tanto, citarlo como referencia política para la reconciliación es una cosa, y decir que otorga automáticamente un indulto sobre hechos específicos y sentencias judiciales dictadas después de la adopción de la iniciativa es otra muy distinta.
Aquí se demuestra que el remedio puede ser peor que la propia enfermedad; el punto 31, presentado como una respuesta decisiva, contiene en su núcleo la restricción que exige primero probar su aplicabilidad a los hechos en cuestión: "siempre que se basen en hechos cubiertos por la amnistía".
¿Dónde está la prueba de que los hechos objeto de las sentencias dictadas sobre los sucesos de Gdeim Izik entran específicamente dentro de los hechos cubiertos por la amnistía en la iniciativa?
Citar un documento correcto no hace que la conclusión errónea sea correcta. Asimismo, la existencia de una disposición política en una iniciativa de negociación no la convierte, por el simple hecho de citarla, en una ley vigente o en una decisión de indulto ejecutada, ni exime de distinguir entre la referencia política para el acuerdo y las condiciones legales y constitucionales para su implementación.
Tercero: De la amnistía general a la transferencia del indulto particular… ¿dónde radica la confusión?
Incluso si aceptáramos la existencia de una base política para discutir la amnistía general en el marco de la resolución del conflicto del Sáhara, esto no justifica pasar automáticamente a la demanda de retirar el indulto particular de la Institución Real.
Ambos asuntos son diferentes en naturaleza, referencia y competencia. La amnistía general es un ámbito legislativo, mientras que el indulto particular es una competencia constitucional ejercida por el Rey según el artículo 58.
No se puede tomar una disposición en la iniciativa de autonomía relacionada con la amnistía general como pretexto para redefinir otra competencia constitucional, o presentarla como un argumento legal sobre la necesidad de transferirla al Parlamento.
Estamos ante dos cuestiones separadas, aunque coincidan en el uso de la palabra indulto: la primera se refiere a la posibilidad de legislar sobre la amnistía general, sus condiciones y su alcance, y la segunda se refiere a la posición del indulto particular dentro de la estructura constitucional.
La confusión entre ambas no sirve al debate constitucional, sino que confunde sus límites y convierte una demanda política discutible en una puerta de entrada para reorganizar las competencias y las instituciones.
Cuarto: El Parlamento es una institución para legislar, no una plataforma para redefinir el Estado
Nadie disputa al Parlamento su derecho a proponer leyes, debatirlas y controlar la acción gubernamental, ni el derecho de sus miembros a plantear los temas que consideran dignos de debate público. Estas son funciones esenciales de su labor representativa y legislativa.
Sin embargo, se debe distinguir entre el ejercicio de estas facultades y el trato al Parlamento como si tuviera, por la simple iniciativa de uno de sus miembros, la facultad de redistribuir las competencias constitucionales o redefinir la posición de las instituciones dentro del sistema político.
La Institución Real no es una simple administración cuyas competencias pueden transferirse mediante una decisión política pasajera, sino que es una institución constitucional con su posición y funciones en la estructura del Estado marroquí, con todo lo que ello implica en términos de consideraciones de continuidad, equilibrio y cohesión institucional.
Cualquier actor político tiene derecho a discutir las opciones constitucionales y proponer su revisión, pero la opinión pública también tiene derecho a preguntar sobre los antecedentes teóricos y políticos de estas propuestas, y sobre sus posibles efectos en el equilibrio de las instituciones y la estabilidad del sistema constitucional.
Asimismo, criticar las políticas públicas y cuestionar al Gobierno no significa necesariamente redefinir la posición de la Institución Real, del mismo modo que desarrollar el desempeño parlamentario no requiere que el Parlamento asuma todas las competencias que ejercen otras instituciones.
Quinto: Una sola membresía no otorga a su titular la facultad de reorganizar el Estado
No se trata de confiscar el derecho del diputado a expresarse o proponer, ni de minimizar el valor de la iniciativa parlamentaria, independientemente del número de sus autores; las instituciones democráticas se basan en la libertad de debate y la pluralidad de opiniones, incluso cuando son contrarias a las tendencias predominantes.
Pero existe una diferencia entre el derecho del diputado a presentar una propuesta y presentar esa propuesta como si expresara una voluntad legislativa o un consenso institucional establecido.
El diputado en cuestión ocupa un solo escaño en una cámara compuesta por 395 diputados. Tiene derecho a proponer lo que desee y a defender su propuesta con argumentos constitucionales y políticos. Pero este derecho no le otorga un mandato para redefinir las opciones constitucionales del Estado, ni convierte su opinión personal en una postura institucional del Parlamento.
Y si tiene derecho a exigir la revisión de las opciones del Estado, la opinión pública también tiene derecho a exigirle que revise algunas de sus certezas, y a distinguir entre una propuesta política basada en una lectura constitucional precisa y el salto desde una disposición relacionada con la amnistía general hacia una demanda que busca transferir el indulto particular.
En cuanto a convertir el debate en un intercambio de epítetos y acusaciones, como hablar de "generales del partido gobernante" o "entidades públicas", no añade nada al argumento, ni compensa lo que pueda faltar en términos de fundamento legal o claridad política. La diferencia de opinión no se resuelve distribuyendo calificativos, sino mediante la capacidad de cada parte para defender su tesis con argumentos y pruebas.
Conclusión: Lo que se olvida al refugiarse bajo un manto prestado
La reforma constitucional no es un juego de palabras, ni una ocasión para utilizar disposiciones legales fuera de sus contextos, ni un proceso selectivo en el que tomamos lo que sirve a una postura política y pasamos por alto lo que la restringe y define su alcance.
Quien quiera discutir la amnistía general, que la discuta en su marco legislativo y constitucional, y quien quiera proponer la revisión de la competencia del indulto particular, que asuma la responsabilidad de discutir sus efectos en la estructura constitucional y la posición de las instituciones, sin protegerse bajo una disposición que ni siquiera habla del mismo tema.
Defender la reconciliación no requiere eliminar sus condiciones, defender la justicia transicional no exime de determinar los hechos y las responsabilidades, y exigir la reforma no otorga a su autor el derecho a saltarse la distinción entre las competencias constitucionales.
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